Cataluña se ha situado en 2018 en la segunda posición en emisión de facturas electrónicas con un 29,04% del total de los documentos emitidos a lo largo del año. Según el “Estudio sobre el uso de Factura Electrónica” realizado por SERES, empresa pionera y especialista desde hace 30 años en en soluciones de intercambio electrónico seguro de documentos.

Por volumen de empresas que emiten facturas electrónicas, Cataluña representó en 2018 un 8,14% del total; convirtiéndola en la cuarta Comunidad en el ranking por empresas. En el apartado de volumen de facturas recibidas, Cataluña también se sitúa en la segunda posición, con el 23,65% en 2018 frente al 22,77% de 2017. Igualmente, el segundo puesto se mantiene al analizar el volumen de empresas receptoras, que fue del 16,52% sobre el total de 2018, sin apenas cambios respecto a 16,45% registrado en 2017.

Barcelona la más activa
Según el estudio, Barcelona fue la provincia más activa de la Comunidad en emisión y recepción de facturas (27,73% y 20,15%), seguida de Girona (0,77% y 1,64%), Lleida (0,30% y 1,04%) y Tarragona (0,24% y 0,82%). También lo fue en porcentaje de empresas emisoras con un 4,90%, seguida por Lleida (1,53%), Girona (0,88%), y Tarragona (0,83%). En el caso de las empresas receptoras el orden es Barcelona con un 11,18%, Girona (2,40%), Tarragona (1,71%) y Lleida (1,23%).

Total nacional
De acuerdo con el estudio, el número de facturas electrónicas procesadas en 2018 en España ascendió a 181.884.086 documentos, un 14,92% más que en 2017, según el Estudio SERES de Implantación de la Factura Electrónica en España 2017-2018. Del total, 147.953.331 documentos corresponden a transacciones entre empresas (B2B), 22.292.891 a operaciones entre empresas y las administraciones públicas (B2G) y 11.637.864 a ventas de empresas a particulares (B2C).

Según el informe, gracias al uso de la factura electrónica, las empresas españolas se ahorraron en 2018 algo más de 900 millones de euros en la gestión de las facturas recibidas y 511 millones de euros en la gestión de las facturas emitidas. También se ahorraron 662.145 horas en la tramitación de las facturas recibidas y 106.963 horas en las emitidas, además de reducir de manera significativa el impacto medioambiental derivado de la eliminación del uso de papel.

Por tamaño de negocio
Por tamaño, la mediana empresa representa el 45,48% de las empresas emisoras y el 37,57% de las receptoras, la pequeña empresa reúne al 23,8% de las emisoras y el 26,17% de la receptoras, la gran empresa supone el 22,48% de las emisoras y el 24,48% de las receptoras y, finalmente, las micro empresas representa el 8,24% de la emisión y el 11,78% de la recepción.

La implantación del Suministro Inmediato de Información (SII) -el IVA online- en las Comunidades Forales – País vasco y Navarra- en enero de 2018 ha impulsado el uso de la factura electrónica en estos territorios, favoreciendo la transformación de los procesos internos de muchas empresas transformen sus procesos internos que vean en la factura electrónica un gran aliado para cumplir con la obligación. Algo asimilar ocurrirá en Canarias, en 2019, tras la implantación de SII a principios de eneros de este año.

Por su parte, la obligatoriedad de la factura electrónica para los subcontratistas de las AAPP ha tenido sus efectos y los seguirá teniendo en el futuro, como se aprecia el incremento de uso de la factura electrónica registrado en las operaciones B2G. La evolución de la normativa de facturación electrónica a las Administraciones Públicas - en vigor desde 2015 - ha dado lugar, en 2018, a la obligatoriedad de uso de la factura electrónica para los subcontratistas del Estado. Así, desde el 1 de julio de 2018, las empresas subcontratadas que trabajan para proveedores de las AAPP españolas están obligadas a facturar electrónicamente a los contratistas cuando el importe de los trabajos o servicios supera los 5.000 euros.

Resultan relevante, sobre todo de cara al futuro, el éxito internacional de la factura electrónica y los impulsos dados por la Unión Europea por normalizar su uso entre los países miembros. Un impulso a que ha permitido el desarrollo, a lo largo de 2018, de un nuevo formato común de factura electrónica cuyo uso que será de obligatorio uso en las contrataciones públicas europeas a partir del 18 de abril de 2019.

2019, nuevo punto de inflexión
A pesar de la contracción del crecimiento económico en la zona euro, todo parece indicar que 2019 será un año muy importante para la universalización de la factura electrónica en la UE. El nuevo estándar europeo de factura electrónica, que será obligatorio en las relaciones B2G a partir del próximo 18 de abril, y las primeras iniciativas nacionales que apuntan a una obligatoriedad general del uso de la e-factura serán el espaldarazo definitivo a la desmaterialización de la factura y al impulso del intercambio electrónico de otros documentos. “La e-factura es una pieza clave de la transformación digital de los negocios y sus efectos positivos empezarán a notarse en el conjunto de la sociedad”, añade Alberto Redondo.

Acerca del estudio
El Estudio analiza la implantación de la factura electrónica en el sector empresarial de España, ofreciendo datos tanto a nivel nacional como autonómico. El Estudio realiza una comparativa entre el primer semestre de 2018 y el mismo periodo del año anterior.

Desde 2009, SERES elabora anualmente los Estudios de Implantación de la Factura Electrónica en España con el objetivo de contar con un indicador fiable de su adopción por el tejido empresarial y evolución en el tiempo. Hoy el Estudio es un referente nacional al aportar una completa perspectiva del volumen total de documentos tramitados y empresas usuarias, tanto en emisión como recepción, y su distribución geográfica y por tamaño de empresa.

Gracias al Estudio de SERES, se pueden identificar las transformaciones que han sufrido los sectores más activos en el uso e implantación de factura electrónica en el transcurso de los últimos años y conocer qué Comunidades Autónomas han aumentado su volumen de facturas en este periodo y la evolución de la situación en nuestro país para determinar qué medidas son necesarias para su fomento y difusión.

Fuente Comunicae