Asi lo indica la Abogada y Secretaria de la Asociación de Abogados Urbanistas Maria de los Reyes Rueda Serrano, tras conocer el pronunciamiento del Tribunal Constitucional que ha dictado una sentencia que obligará a los Ayuntamientos a anular o reformar el impuesto municipal sobre las plusvalías de los terrenos de naturaleza urbana que se produce cuando se vende una vivienda.
La letrada añade el Tribunal resuelve sobre una cuestión de inconstitucionalidad presentada por el juzgado de lo contencioso administrativo de San Sebastián sobre el impuesto de plusvalía del Ayuntamiento de Irún. La sentencia considera nulo parcialmente el impuesto porque en su opinión “carece de toda justificación razonable” el hecho de que deba pagarse el impuesto aunque el valor de los terrenos no se haya incrementado, o incluso cuando estos hayan perdido valor, una circunstancia frecuente en los últimos años como consecuencia de la crisis. El tributo no debe aplicarse cuando el titular de la vivienda la venda a un precio inferior al que pagó por ella.
Este impuestos, junto con el IBI se calcula en función del valor catastral de los inmuebles y de los años durante los que el propietario ha sido titular.
La sentencia del Constitucional se refiere al impuesto de plusvalías del Ayuntamiento de Irún, afectado por las normas forales de Guipuzcoa por lo que la traslación directa al resto de municipios españoles no es directa. Pero como el Constitucional tiene otras cuestiones similares pendientes de ámbito estatal, se espera que se pronuncie en el mismo sentido.
La decisión del Constitucional se suma a las que han dictado otros tribunales superiores de justicia sobre el asunto. Estos tribunales consideraban que no era correcto practicar liquidaciones cuando se vendía un inmueble por debajo del precio del que se compró o con un beneficio escaso después de muchos años, algo frecuente en los últimos años por la crisis.
La sentencia recoge “en ningún caso podrá el legislador establecer un tributo tomando en consideración actos o hechos que no sean exponentes de una riqueza real o potencial”. Es decir, no podrá crear impuestos que afecten a “aquellos supuestos en los que la capacidad económica gravada por el tributo sea, no ya potencial, sino inexistente, virtual o ficticia”.
La sentencia concluye que el impuesto analizado, correspondiente al Ayuntamiento de Irún, establece una ficción de incremento de valor que, además, impide al particular toda prueba en contrario.
Y explica: es así porque el aumento del valor del suelo se determina mediante la aplicación automática de los coeficientes previstos en la norma al valor catastral del suelo en el momento de la transmisión.
Maria de los Reyes Rueda añade tras conocer la sentencia, que la Asociación Española de Abogados Urbanistas ya había manifestado con anterioridad y asi lo había expuesto en las Ponencias, Cursos y eventos que organiza, que el Gobierno debe reformar la Ley de Haciendas Locales, especificando que la reforma no puede suponer en ningún caso una mayor carga fiscal para los contribuyentes.
Corresponderá al legislador llevar a cabo las modificaciones o adaptaciones del régimen legal del impuesto que permitan no someter a tributación las situaciones de inexistencia de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana”.
Los Abogados de la Asociación Española de Abogados Urbanistas, informan que se puede reclamar la plusvalía pagada de más por muchos ciudadanos a los que la crisis ha obligado a vender sus propiedades muy por debajo de lo que lo compraron.
Por lo que aquellos perjudicados que quieran mas información pueden contactar con la Asociación llamando al tf 91 5933243 o consultar las web: www.aeaurbanistas.es
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